Instituciones y empresarios catalanes firman la compra del 80% de Spanair
@Efe. Barcelona - 30/01/2009
La nueva sociedad Iniciatives Empresarials Aeronàutiques (IEASA), participada por instituciones y empresarios catalanes, ha adquirido al grupo SAS el 80,1% de Spanair, con destacada presencia en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. "La empresa compradora ha sido constituida recientemente para agrupar a los nuevos inversores de Spanair, compañía integrada en la red de aerolíneas Star Alliance", aseguró este viernes la nueva empresa en un comunicado.
En el accionariado de Iniciatives Empresarials Aeronàutiques participan la firma de capital riesgo Catalana d'Iniciatives, el consorcio Turismo de Barcelona, Volcat 2009 -que agrupa a los empresarios vinculados a la asociación empresarial Femcat-, Fira de Barcelona, un grupo de empresarios hoteleros y del sector turístico catalán y otros empresarios del resto de España.
El acuerdo de compra se ha alcanzado antes de la finalización del plazo previsto (31 de enero), aunque en el comunicado se señala que "en las próximas semanas se configurará la composición accionarial definitiva" de la empresa compradora, IEASA. La adquisición implica, además, una ampliación de capital por un importe de 100 millones de euros que asumirán los nuevos socios de la compañía.
Por su parte, la compañía escandinava SAS mantiene una participación del 19,9% en el capital de Spanair y se hace cargo de la deuda anterior de la aerolínea, que a finales de 2008 sumaba 500 millones de euros. Desde Star Alliance, la red de aerolíneas en la que está integrada Spanair, su consejero delegado, Jaan Albrecht, asegura que "Star Alliance trabajará con su miembro, Spanair, en la mejora continua del 'hub' de Barcelona, facilitando la conectividad y aprovechando al máximo las nuevas instalaciones que estarán operativas en breve".
La gestión operativa de la nueva Spanair continuará a cargo del socio industrial -el grupo SAS- mediante un plan de negocio acordado con el accionista mayoritario, que nombrará el consejo de administración, presidente y primer ejecutivo de la compañía. "Para lograr sus objetivos, la compañía redimensionará su capacidad en función de la demanda, reducirá la complejidad de las operaciones y mejorará su eficiencia, en paralelo a una reducción de los costes fijos", señala la nota.
ERE para 775 trabajadores
En este sentido, cabe señalar que Spanair lleva ya varios meses aplicando un plan de reestructuración que ha supuesto la aplicación de un ERE para 775 trabajadores de la compañía, así como un ajuste en la flota, y reducción de las bases operativas y las rutas. Spanair tendrá en Barcelona su nueva plataforma de crecimiento futuro, aprovechando el potencial de la nueva T-Sur, también cancelará líneas deficitarias y reducirá costes a través de la simplificación y mejora en las operaciones y en la oferta.
Spanair consolidará su posición en las rutas actuales con una red propia rentable y con mayor componente internacional, al tiempo que explotará de manera eficiente sus mercados naturales de proximidad (Barcelona, Madrid y Baleares), así como el de Canarias. El nuevo socio anuncia que la compañía potenciará las rutas con fuerte demanda de pasajeros de negocios durante los días laborables y las rutas con clientes de ocio en fines de semana y vacaciones. Asimismo, se impulsarán los mercados de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca y la flota se irá renovando paulatinamente con Airbuses, con el consecuente ahorro de combustible y mantenimiento.
En 2008, la facturación de Spanair ha superado los 1.000 millones de euros, con más de 10 millones de pasajeros transportados, 48 aeronaves y 2.665 empleados a tiempo completo. En la actualidad, los vuelos regulares representan el 76% de sus ingresos totales, los 'charter' el 16% y el transporte de carga el 8% restante. Spanair es la segunda aerolínea española, por detrás de Iberia, con una cuota del mercado doméstico del 23% y una posición muy significativa en los aeropuertos de El Prat, Barajas y Son Sant Joan.
--Cuando dicen ha sido comprada al 80% por Instituciones Catalanas y empresarios, convendría saber si esos empresarios corresponden o no, a personas vinculadas con la propia administración pública de Cataluña, y si el dinero utilizado no corresponda a la misma , de ser así nos podríamos encontrar con una utilización de fondos públicos, en perjuicio realmente de los propios catalanes.
Esperemos por el bien de todos transparencia se publiquen los mismos, y a quien corresponda, investigue nuy de cerca en el registro mercantil las posibles vinculaciones o no, de dichos empresarios con la administración.
ANGELINA GOMEZ RUEDA
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Efe). 
--He leido un post por encima algo relacionado con la posibilidad de que Mariano Rajoy, se marche antes de Mayo, y me parece que la noticia es bastante bénevola, en cuanto a mi apreciación sobre la gravedad inminente.
El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha concluido la segunda jornada de deliberaciones sin emitir aún sentencia sobre si procede acogerse a la objeción de conciencia para negarse a cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.Entre el lunes y el martes, los magistrados acumulan cerca de quince horas y media de debate sobre cuatro recursos de casación presentados contra otras tantas sentencias de Tribunales Superiores de justicia autonómicos (TSJ).La Fiscalía, la Junta de Andalucía y la abogacía del Estado recurrieron una sentencia del TSJ de esa comunidad que reconoció el derecho de objeción de unos padres en marzo de 2008. Varias familias de Asturias también presentaron recurso en el Supremo contra tres fallos del TSJ de esa autonomía que desestimaron en febrero pasado que exista tal derecho en los casos respectivos.
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En términos generales, las familias argumentan que las enseñanzas de la asignatura violentan los derechos constitucionales a educar a los hijos según las convicciones morales y religiosas propias y a la libertad ideológica.La decisión del Supremo unificará la doctrina jurídica sobre un asunto que ha generado centenares de recursos de padres que apelan al derecho de objeción frente a una materia educativa obligatoria en algunos cursos de Primaria y Secundaria. Las resoluciones ya dictadas por los tribunales autonómicos han sido dispares, aunque las organizaciones defensoras de la objeción aseguran que la gran mayoría de ellas les dan la razón a los padres.
Controversia social y políticaLas familias argumentan que han tenido que recurrir a la vía judicial cuando las consejerías no les admiten el derecho de objeción porque las enseñanzas de EpC suponen "adoctrinamiento" ideológico y la "imposición de una moral" por el Estado.El TSJ del País Vasco ha resuelto que EpC "no vulnera derechos fundamentales".EpC no sólo ha desencadenado una controversia social, sino también política entre el Partido Popular y las CCAA que gobierna, contrarias a esta asignatura, y el Ejecutivo central, que la defiende como formación necesaria en valores democráticos, obligatoria y sin alternativa.En relación con sentencias a las que se han presentado los recursos que debate el Supremo, las del TSJ de Asturias argumentan que se desconoce el contenido de la materia a las que se oponen las familias y, por tanto, las enseñanzas concretas. El planteamiento general de EpC en la Ley Orgánica de Educación "no puede suscitar duda alguna sobre su constitucionalidad", asegura el TSJ de Asturias.
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Por el contrario, el TSJ de Andalucía aseguró que los Reales Decretos de contenidos mínimos de la asignatura que aprobó el Gobierno en su día emplean conceptos de "indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores o conflictos sociales y morales".Ante esta situación, apostilla el tribunal andaluz, es "razonable que los demandantes, por razones filosóficas o religiosas (...) pueden estar en desacuerdo con parte de la asignatura, y lógico que soliciten que se excluya de ella a su hijo".
--Dá la sensación una vez más, los jueces no son todo lo independientes que dicen ser, de otra manera, teniendo tanto tiempo para haber podido pronunciarse sobre si una ley es o no lícita, si es o no una imposición gubernamental que no conduce más que a un enfrentamiento entre los ciudadanos, por entender una gran parte no tiene ninguna razón de ser, en perjuicio de otras asignaturas .
Aunque falta más de medio año para la constitución de la nueva Asamblea General de Caja Madrid, la candidatura de Gómez-Navarro al puesto que actualmente ocupa Miguel Blesa ha sido reconocida a este diario por fuentes muy cualificadas, una de ellas un alto cargo que fue en el primer Gobierno Zapatero. “Está claro que es un candidato muy bien elegido, por cuanto se trata de un hombre bien visto también por la derecha tras su larga relación con las Cámaras de Comercio, con muchos amigos tanto en el PSOE como en el PP. Un perfil difícilmente rechazable, aunque su experiencia financiera sea cero”, asegura una de las fuentes.
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